¿Tendrá consecuencias la sentencia del TC relativa a las Subastas de Medicamentos?

subasteroEn el derecho español las funciones de autorización de medicamentos y financiación pública/precios pertenecen a organismos diferentes: la primera a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (0, en el caso de procedimientos centralizados a la Agencia Europea) y la segunda la Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una vez que el medicamento es autorizado, si los laboratorios titulares de tal autorización de comercialización así lo consideran conveniente, iniciaran los correspondientes expedientes ante el organismo responsable de la dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica, actualmente la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, con el fin de ser incluidos en la financiación pública y conocer su precio. Además, todos los medicamentos entran en el sistema de precios de referencia una vez transcurridos 10 años desde su autorización.

Y con estos datos, los laboratorios sabían cuando empezar a comercializar sus medicamentos; que estrategias comerciales seguir; diversificaban productos; hacían crecer sus carteras; planificaban producciones; buscaban economías de escala en las fabricaciones; en definitiva, conocían cuales eran las reglas y con base en ellas actuaban como empresarios y agentes de salud.

Pero resulta que una Comunidad Autónoma, Andalucía, no se conformó con los mecanismos de contención del gasto farmacéutico establecidos por el gobierno central y decidió poner en marcha un sistema de subastas en el que adjudicar la adquisición de medicamentos a dispensar por las farmacias, cuando sean prescritos o indicados por principio activo.  Si alguna otra Comunidad no ha seguido los pasos de Andalucía puede ser debido a que el Gobierno Central interpuso recurso de inconstitucionalidad pero este finalmente ha sido resuelto por sentencia de 15 de diciembre pasado dando el Tribunal la razón al Gobierno andaluz al no apreciar invasión alguna de las competencias del Estado en la dispensación farmacéutica  ni incumplimiento en los principios de equidad en el acceso e igualdad de precios.

¿Tendrá consecuencias esta sentencia? Sin duda, y afectará a todos los agentes de la cadena de valor del medicamento, por no hablar de los problemas de desabastecimiento que ya se han producido y que pueden afectar directamente al paciente consumidor. En cualquier caso, lo que creo que debería preocuparnos a todos es la falta de seguridad jurídica para los comercializadores de medicamentos que si bien trabajan con productos que tienen que ver con la salud y el bienestar del consumidor, no dejan de ser empresas que necesitan unas reglas muy claras para poder mantenerse en un mercado tan difícil y regulado como es el mercado farmacéutico. Estos días también se han leído noticias sobre la intención del Gobierno Central de iniciar una nueva impugnación del Decreto Ley andaluz, pero esta vez por la vía contenciosa. Quizá, solo quizá, porque desconozco los entresijos de la política y mucho mas de una tan fragmentada como la actual, vuelvo a repetir, quizá, lo que el sentido común nos diría que es mas sensato, sería reescribir las normas de la forma que fuera necesaria para evitar estas desigualdades en la comercialización de los medicamentos y para dotar a la industria farmacéutica de una norma con mayor seguridad y estabilidad que permitiera un desarrollo y mantenimiento mas equilibrado y menos impredecible.

 

Esta entrada fue publicada en Temas de debate y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s